El origen del Programa de Reinserción Escolar se vincula a la promulgación de la ley que hizo obligatorios los 12 años de escolaridad en el año 2004, cuando el Ministerio de Educación –a través del Decreto 26 de 2005–, definió un tipo de atención educativa para quienes se encontraban fuera del sistema escolar formal, a través del programa denominado “Proyectos de Fortalecimiento Plan de 12 Años de Escolaridad”, que contemplaba recursos financieros destinados a la ejecución de un fondo concursable.
Dado lo anterior surge a partir del 2005 el Programa de Reinserción Escolar, que se financia a través de un fondo concursable, que se rige por el Decreto Supremo N° 32 de 2011 del Ministerio de Educación, el cual define como su propósito general promover y financiar iniciativas que provean de una alternativa educativa de reinserción escolar, cuyo foco sea la re vinculación con el aula, la continuidad y finalización de la trayectoria educativa, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que se encuentran fuera del sistema escolar.
El Programa de Reinserción Escolar se desarrolla a través de dos líneas estratégicas, que se desarrollan al menos cuatro horas diarias, durante 15 o 18 meses:
El Programa se caracteriza por la captación pertinente de estudiantes, de tal forma que la propuesta sea contextualizada y situada a ellos en su territorio, a través de un despliegue territorial del equipo ejecutor en la comuna, vinculándose con organizaciones y actores que apoyen esta labor.
El Programa en sus 15 años de trayectoria se ha ido adecuando a los tiempos, por tal razón un foco importante en el que ha puesto énfasis es en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por la ONU, la cual definió 17 objetivos de aplicación universal que buscan impulsar un cambio a nivel global. Dentro de estos desafíos el N°4 indica que los países deben “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNESCO, 2016).
Otro énfasis del Programa es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que indica que Chile aún debe enfrentar importantes retos educativos relacionados con la mejora de los indicadores de equidad y de finalización de las trayectorias educativas. Nuestro país ha implementado una serie de normativas que abordan los desafíos de la Agenda 2030, tales como la Ley General de Educación N° 20.370 de 2009, la Ley que establece medidas contra la discriminación N° 20.609 de 2012 y la Ley de la Nueva Educación Pública N° 21.040 de 2017.
