En las últimas décadas, el Estado ha desarrollado políticas encaminadas a garantizar la cobertura y equidad del sistema educativo nacional, y hoy es fundamental avanzar en calidad, la que, a nuestro juicio, parte por asegurar la permanencia y continuidad de cada estudiante en el sistema educativo, especialmente de aquellos que provienen de sectores más vulnerables, con el fin de permitir el pleno desarrollo de sus capacidades incluida la capacidad de anhelar y construir un proyecto de vida.
Uno de los propósitos más importantes que ha fijado la política pública educativa tiene que ver con asegurar a su población 12 años de escolaridad, reto que cobra una mayor importancia en el contexto actual de emergencia sanitaria que enfrentamos. Producto de la pandemia, se han suspendido las clases presenciales en todos los establecimientos educacionales del país como una medida de seguridad sanitaria, afectando a más de 3,6 millones de escolares. Varios de los factores asociados al abandono escolar se han visto acrecentados durante la crisis sanitaria, principalmente por la interrupción prolongada de las clases y el confinamiento, lo que ha dificultado la mantención del vínculo del establecimiento con sus estudiantes.
Ante este escenario, la Permanencia Escolar se ha convertido en un objetivo central de la política educativa, que ha generado consenso generalizado de su importancia entre los diferentes actores e instituciones que intervienen en los procesos educativos del país.
